2.1 La modernización de los instrumentos de
gestión
Los cambios en los instrumentos de la gestión fiscal y
cambiaria debían responder a las exigencias del programa monetario y financiero
definido por el Banco Central del Ecuador para coadyuvar al cumplimiento
de los objetivo trazados, vale decir, abatir el proceso inflacionario;
incentivar al ahorro nacional, dinamizar la intermediación financiera,
fortalecer la inversión productiva y recuperar la competitividad internacional
del aparato productivo.
Los instrumentos utilizados hasta entonces demostraron su ineficacia para alcanzar los objetivos de restaurar los equilibrios internos y para enfrentar los retos de la integración competitiva del país en los mercados internacionales.
La presencia de una inflación crónica, persistente, en
porcentajes superiores al 50% , con importantes componentes inerciales
y administrativos, había introducido rigideces y distorsiones en los precios
relativos internos y evoluciones erráticas en las tasas de interés y en
el tipo de cambio, que seguían una trayectoria más bien adaptativa a los
cambios en el nivel de los precios, reflejo de una actitud pasiva en el
carácter de la gestión económica.
A la pérdida de competitividad de las exportaciones se sumó el incremento en el costo que mide el riesgo del país para los inversionistas internacionales, producto del atraso en el cumplimiento de los compromisos internacionales, lo que debilitó la posición externa del país. Efectivamente, el volumen de las reservas internacionales cayó de un nivel superior a los US$ 760 millones alcanzado en 1991 a US$ 224 millones a agosto de 1992.
Los aumentos relativos en los precios y tarifas de los bienes y servicios producidos por el sector estatal de la economía y la Reforma Tributaria realizados por el Gobierno anterior fueron pasos importantes para el requerido nuevo ordenamiento fiscal ; sin embargo, el crecimiento exorbitante y desordenado del aparato del estado diluyó estos esfuerzos en el gasto público creciente. El déficit fiscal habría sido del 7% del PIB a diciembre de 1992, de no mediar las medidas de ajuste adoptadas el 3 de septiembre de 1992, sin considerar el represamiento injustificado de varios compromisos fiscales,
El resultado final de este manejo errático en la política
económica se reveló en la caída registrada en diferentes indicadores macroeconómicos
y en la relaciones : Inversión/PIB, Ahorro/PIB, PIB por habitante,
Consumo de los Hogares por habitante e incluso en el salario real.
Era pues necesario dar un viraje radical en la concepción
y en el manejo de los instrumentos de gestión de la política económica.
Las modificaciones introducidas a las políticas monetaria,
cambiaria, financiera y fiscal se orientaron -en lo fundamental- a asignar
un papel más activo a los responsables de su gestión. Se fijaron, para
el efecto, metas para la inflación, para la posición de activos externos
netos del país, para el déficit fiscal (necesidades de financiamiento),
para la inversión pública y se propuso crear un marco adecuado de incentivos
para incrementar el ahorro nacional. Todo esto enmarcado en el fortalecimiento
de los diferentes mercados, en la participación activa por parte de las
autoridades y en la determinación de reglas claras y transparentes para
su funcionamiento, regulación y control. Se dejó de lado la tradicional
aplicación de controles administrativos rígidos o poco flexibles y la adaptabilidad
de los diferentes agregados económicos.