2.4 Una nueva política fiscal: un marco institucional
y legal distinto
La nueva política fiscal se diseñó para enfrentar el manejo
del presupuesto en un contexto mucho más amplio que el financiero o de
caja. Se definió un conjunto de reformas estructurales tendientes a redimensionar
la estructura, las funciones y el tamaño del aparato del Estado, pues todo
esfuerzo anterior direccionado a sanear las cuentas fiscales no rindió
los resultados esperados, debido a que las medidas no se acompañaron de
una reestructuración profunda del Estado y de una redefinición estructural
de su papel dado el nuevo contexto macroeconómico.
En efecto, el nuevo escenario exige el equilibrio de las
finanzas públicas como elemento clave en la lucha anti-inflacionaria y
en el logro de los objetivos macroeconómicos. El déficit fiscal es un indicador
básico para la conformación de expectativas por parte de los agentes económicos,
por lo que su evolución puede alterar significativamente los resultados
esperados.
El Gobierno Nacional inició la difícil tarea de redefinir
y redimensionar el papel del Estado y de reestructurar su marco institucional.
Para el efecto, en 1992 se creó el Consejo Nacional de Modernización -CONAM-
y en 1993, luego de un proceso largo de negociaciones con el Congreso Nacional,
se expidió la Ley de Privatizaciones y Modernización del Estado. Figuran
en los objetivos específicos de estas acciones el promover y facilitar
el redimensionamiento del Estado, buscar su racionalización y eficiencia
administrativa ; descentralizar, desconcentrar, simplificar sus procedimientos,
desmonopolizar la prestación de los servicios públicos, privatizar las
empresas estatales, promover la competencia, etc.
Bajo lógica similar, en diciembre de 1992 se expidió la
Ley de Presupuestos del sector Público con el objeto de controlar la ejecución
eficiente del presupuesto público, fortaleciendo la capacidad de control
en la asignación y en el gasto público por parte del Ministerio de Finanzas
Las reformas introducidas a la Ley de Régimen Tributario
Interno y la señalada Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado, pretenden
iniciar un definitivo proceso de fortalecimiento de los ingresos del presupuesto
del Estado a través de la ampliación de la base de contribuyentes y de
la incorporación a esta base de los agentes del sector informal, por un
lado ; y, por otro, restringiendo el acceso del Sector Público No
Financiero al crédito interno del Banco Central del Ecuador.